Desde las 10H00, se instaló la sesión N.º 900 del Pleno legislativo, en la que se tramitará en segundo debate el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que unifica 43 iniciativas legislativas, como una herramienta que contribuye al combate contra la inseguridad ciudadana y la delincuencia organizada.

Durante el debate se observó a los jefes de bancada del PSC, Vicente Taiano, y del correísmo, Viviana Veloz, dialogando con el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle.

De su parte la Asambleísta Mariana Yumbay enfatiza que este proyecto es de suma importancia para los ecuatorianos. Además, agrega que han planteado varias propuestas de reformas al #COIP, mismas que están destinadas al incremento de penas a ciertos delitos que han causado conmoción nacional. “Por un verdadero Estado constitucional y de justicia, pero también plurinacional e intercultural”.

De su parte Nataly Murillo Solórzano del asegura «debemos enviar el mensaje claro a los delincuentes que no habrá impunidad a sus delitos». El movimiento Construye coincide con la Fiscalia General del Ecuador, pues la reforma al Art. 658 del COIP, irrespeta la institución de la cosa juzgada a riesgo de que todo el sistema de justicia y sus decisiones pierdan valor, pues se abre la posibilidad de que todo delincuente con sentencia condenatoria ejecutoriada, sea puesto en libertad.

El debate tendrá como base el informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que previamente consultó la opinión de especialistas en Derecho Penal, Ambiental, Rehabilitación Social, expertos en materia constitucional, en género, niñez y adolescencia, magistrados de la Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, docentes universitarios, Fiscalía, Defensor del Pueblo, Ministerio del Interior, SNAI, y representantes de organismos internacionales, entre otros.

El proyecto está orientado a cumplir el fin ulterior del Estado, de su institucionalidad, normativa, políticas, proyectos, planes, programas y de cada una de las acciones de sus funcionarios, para garantizar el efectivo goce y cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución.

Para ello, crea normas para garantizar el goce y ejercicio de los derechos a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción y en este contexto se busca dictar una ley que contribuya a la realización de una vida libre de violencia, como uno de los derechos fundamentales que permiten el ejercicio de otros derechos.

La comisión destaca que en una coyuntura como la presente, en la que las cifras de violencia han hecho evidentes las limitaciones del Estado para cumplir una de las exigencias primigenias y constitutivas del núcleo social, esto es, proporcionar seguridad al conjunto de la sociedad para que sea posible el desarrollo integral de cada uno de los individuos que lo componen, la Asamblea Nacional acoge propuestas que comprenden el endurecimiento de penas, como un mecanismo de fortalecimiento del imaginario sobre el poder punitivo del Estado, cuyo efecto pretende ser preventivo en relación con el cometimiento de ilícitos.